Rendición de cuentas y cumplimiento programático en los partidos políticos mexicanos: Hacia el diseño de un órgano garante
La rendición de cuentas constituye una obligación fundamental de los entes públicos para justificar el uso de los recursos que la ciudadanía les confía. En México, este principio se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se materializa a través de diversos mecanismos institucionales: el informe de gobierno que el Ejecutivo Federal rinde anualmente, la comparecencia de los secretarios de Estado ante la Cámara de Diputados, la presentación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, la revisión de la cuenta pública, el juicio político, la declaración de procedencia y la declaración patrimonial de los servidores públicos.
La vigilancia del gasto público recae en la Auditoría Superior de la Federación y en las auditorías superiores de las entidades federativas, órganos autónomos cuya función es garantizar el correcto manejo de los recursos. En este marco, conviene distinguir dos conceptos frecuentemente confundidos: fiscalizar implica verificar que la actuación de los entes públicos se apegue a la ley y a la normatividad vigente, mientras que auditar es el proceso mediante el cual se obtiene y evalúa evidencia objetiva para determinar si las acciones realizadas cumplen con la regulación aplicable.
Sin embargo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece una excepción que resulta contradictoria con el espíritu del propio marco normativo: los partidos políticos quedan excluidos del régimen ordinario de fiscalización, pese a recibir recursos del erario público. Toda entidad que recibe financiamiento público debería ser susceptible de rendición de cuentas; los partidos políticos no deberían ser la excepción.
El presente artículo sostiene que es indispensable incorporar a los partidos políticos en un esquema robusto de rendición de cuentas, supervisado por un órgano autónomo, transparente y con participación ciudadana, como condición necesaria para recuperar la confianza de la sociedad y legitimar el uso del financiamiento público que reciben.
